El Estado ataca a la prensa, denuncian editores mexicanos

Editores de varios estados mexicanos coincidieron en el Distrito Federal que fuerzas del crimen organizados cuentan “con una estrategia” para impedir la libertad de expresión, y que las autoridades “no ofrecen garantías” para el trabajo periodísticas libre, lo cual se traduce también en la falta de esclarecimiento de los casos de agresiones a medios e informadores.
Durante el foro “México bajo el asedio del crimen organizado”, convocado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el jueves 24 de septiembre, Pedro Torres, de El Diario, Ciudad Juárez, Chihuahua, relató que ese medio ha quedado “entre dos fuerzas que quieren limitarnos”. Por un lado el narcotráfico que impide publicar, dijo, y por el otro desde el Estado porque “hay una campaña sistemática del gobierno por descalificar a medios como apologistas de la violencia.”
Como ejemplo citó el caso de la Asociación de Hoteleros, cuyo presidente solicitó a sus agremiados que no divulguen las ediciones de El Diario en sus edificios. Y que para ello, llamó a un boicot a empresas maquiladoras para que no publiciten en esa publicación.
“La gente no se siente protegida en Ciudad Juárez, y los periodistas tampoco”, abundó.
Patricia Mercado, de Imagen, de Zacatecas, indicó que hay poblaciones tomadas por el narcotráfico donde no se puede hacer periodismo, porque ha sido cooptado por la mafia. Y citó el caso de la localidad de Fresnillo, donde se le exige a los medios y periodistas que “hablen mal del Ejército como violador de derechos humanos”.
A su vez, denunció “un silencio grave” de las autoridades estatales encabezada por el gobierno saliente de Amalia García Medina -finalizó mandato en la segunda semana de septiembre-, quien siempre negó el problema de seguridad en Zacatecas.
En la mesa, denominada “El periodismo mexicano ante la violencia”, Javier Garza, director de El Siglo de Torreón, habló de “un estado de indefensión” para la los medios en Coahuila, y precisó que el reciente caso del secuestro de de reporteros de dos televisora en Durango, el gobierno federal “no entendió que fue un intento de extorsión para todos los medios del país”.
Ismael Bojórquez, director del Semanario Río Doce, de Culiacán, dijo que “si el gobierno dfederal no puede protegerse a sí mismo, menos lo puede hacer con los medios y periodistas que están en la calle”.
“Estamos encaminados al silencio”, puntualizó.
Heriberto Cantú de Andar, del Mañana, de Nuevo Laredo, indicó que desde la llegada del Ejército a esa ciudad tamulipeca, el crimen organizado dejó de tener a la prensa como blanco, y consideró que una solución a la criminalidad pasa por “legalizar” la venta de la marihuana.
En ese aspecto, Leonardo Kurchenco, de la cadena Televisa, indicó que “el gobierno detiene a capos importantes, pero no desmantela organizaciones”, por lo que la violencia contra los informadores no cree que disminuirá.
En el caso de Zeta, de Tijuana, el codirector del semanario, César René Blanco, dijo que en enero pasado varias personas de la publicación recibieron “protección” de militares luego de recibir un alerta del gobierno estadounidense.
En el cierre del debate que fue coordinado por la periodista colombiana María Teresa Ronderos, el director de El Universal, de la Ciudad de México, Jorge Zepeda, explicó que existen cinco problemas para el ejercicio periodístico en México.
“Grupos políticos se han sumado a la temporada de caza contra periodistas incómodos”, indicó en primer lugar. “Hay también, una ola de descalificaciones hacia los medios donde se utiliza a los propios periodistas para dividir”, y en ese sentido señaló recientes ataques de la empresa Milenio a El Universal.
En tercer lugar se refirió a “la ola de descalificaciones” dirigida desde el Estado contra medios y periodistas, como en el caso de Ciudad Juárez, citado por Torres de El Diario.
Y por último consideró que “existen muchas dificultades para cubrir derechos humanos violados por militares y policías”, así como “hay un cáncer en las redacciones y que se está extendiendo”, en referencia a periodistas infiltrados por el crimen organizado y que trabajan para ellos.